Con Plan de Regularización Danilo
soslaya a Roberto Rosario.
Con el reglamento decretado por
el presidente Danilo Medina para que se lleve a la práctica la ley 169-14, se
les pasa por encima tanto a la Junta Central Electoral, valga decir a Roberto
Rosario, como a la Dirección General de Migración, lo que es decir a José
Ricardo Taveras Blanco. 
Primeramente contra la posición
del cardenal Nicolás de Js. López Rodríguez, del ex presidente Leonel Fernández,
de los señores mencionados más arriba y de otros personajes y sectores, el
presidente Medina elaboró lo que fue un consensuado proyecto de ley que
finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional con el numeral 169-14, que diplomáticamente introdujo sustanciales
modificaciones al controversial dictamen del CT. Empero después de transcurridos varios meses desde que se
pusiera en vigencia aquella ley, la JCE había avanzado a cuenta gotas en su
ejecución. Por eso es que ante la reticencia de ese organismo en otorgar los
documentos de legalización para los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en
el país, así como a los adultos de ese origen que han adquirido el derecho de
vivir aquí, el mandatario dominicano ha dispuesto el Plan de Regularización Nacional
de Extranjero para que se ponga en pleno funcionamiento la 169-14.
Incluso es importante recordar
que desde el pasado año Medina viene tomando disposiciones para restarle
aristas de carácter discriminatorio y racistas a la tristemente célebre sentencia
del Tribunal Constitucional. En ese sentido en noviembre decretó con el número
327-13 un primer Plan Nacional de Regularización de Extranjero, el cual con
distintas argucias fue boicoteado por Roberto Rosario y José Ricardo Taveras Blanco.
De manera que con la discutida ley 169-14 que lograra aprobar por el Congreso,
y ahora de nuevo con otra versión del plan en cuestión, se cumplen tres
intentos en la misma dirección.
Mas ahora la diferencia es que
Danilo, sin proclamarlo él ni ningún otro funcionario, le ha pasado por encima
a la misma Junta Central Electoral y a la Dirección General de Migración, al
entregarle el reciente reglamento al Ministerio de Interior y Policía para su
puesta en vigor. Y en efecto la dependencia está organizando oficinas en distintas
partes del territorio nacional a través de las cuales desarrolla sin traba alguna
lo dispuesto por la presidencia nacional.
“Ni el Plan de Regularización
ni el procedimiento por el reconocimiento y naturalización van a peligrar; el
señor presidente de la República ha sido muy enfático en eso”, ha expresado el
consultor jurídico de la presidente, César Pina Toribio.
Expresiones como esa constituyen
metamensajes contundentes para quienes se resisten a cumplir con las disposiciones
legales al respecto. Pero lo más sobresaliente y hasta insólito, es que haya
sido a Interior y Policía y no a la Junta Central Electoral ni a la Dirección
General de Emigración que el Poder Ejecutivo haya otorgado la responsabilidad del manejo
–en el presente caso especial- de todo lo relacionado con el estatus de extranjeros
en el país. De manera que esto evidencia que esta vez Medina ha suplantado a dos
organismos de funciones que aunque son de sus incumbencias, sus titulares, amparados
en sus poderes partidarios, se negaban a cumplir. 
