Con Plan de Regularización Danilo soslaya a Roberto Rosario.

 Po Humberto Olivieras

Con el reglamento decretado por el presidente Danilo Medina para que se lleve a la práctica la ley 169-14, se les pasa por encima tanto a la Junta Central Electoral, valga decir a Roberto Rosario, como a la Dirección General de Migración, lo que es decir a José Ricardo Taveras Blanco.

Como es sabido Rosario es un cuadro político del Partido de la Liberación Dominicana, y Taveras  Blanco lo es de la Fuerza Nacional Progresista de Vinicio (Vincho) Castillo Rodríguez. Aquéllos habían manifestado una radical oposición  a que de alguna manera se suavizara la sentencia contra los inmigrantes haitianos que dictara el Tribunal Constitucional con el código 168-13 del 25 de septiembre del pasado año.

Primeramente contra la posición del cardenal Nicolás de Js. López Rodríguez, del ex presidente Leonel Fernández, de los señores mencionados más arriba y de otros personajes y sectores, el presidente Medina elaboró lo que fue un consensuado proyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional con el numeral 169-14, que diplomáticamente introdujo sustanciales modificaciones al controversial dictamen del CT. Empero después de  transcurridos varios meses desde que se pusiera en vigencia aquella ley, la JCE había avanzado a cuenta gotas en su ejecución. Por eso es que ante la reticencia de ese organismo en otorgar los documentos de legalización para los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el país, así como a los adultos de ese origen que han adquirido el derecho de vivir aquí, el mandatario dominicano ha dispuesto el Plan de Regularización Nacional de Extranjero para que se ponga en pleno funcionamiento la 169-14.

Incluso es importante recordar que desde el pasado año Medina viene tomando disposiciones para restarle aristas de carácter discriminatorio y racistas a la tristemente célebre sentencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido en noviembre decretó con el número 327-13 un primer Plan Nacional de Regularización de Extranjero, el cual con distintas argucias fue boicoteado por Roberto Rosario y José Ricardo Taveras Blanco. De manera que con la discutida ley 169-14 que lograra aprobar por el Congreso, y ahora de nuevo con otra versión del plan en cuestión, se cumplen tres intentos en la misma dirección.

Mas ahora la diferencia es que Danilo, sin proclamarlo él ni ningún otro funcionario, le ha pasado por encima a la misma Junta Central Electoral y a la Dirección General de Migración, al entregarle el reciente reglamento al Ministerio de Interior y Policía para su puesta en vigor. Y en efecto la dependencia está organizando oficinas en distintas partes del territorio nacional a través de las cuales desarrolla sin traba alguna lo dispuesto por la presidencia nacional.

“Ni el Plan de Regularización ni el procedimiento por el reconocimiento y naturalización van a peligrar; el señor presidente de la República ha sido muy enfático en eso”, ha expresado el consultor jurídico de la presidente, César Pina Toribio.

Expresiones como esa constituyen metamensajes contundentes para quienes se resisten a cumplir con las disposiciones legales al respecto. Pero lo más sobresaliente y hasta insólito, es que haya sido a Interior y Policía y no a la Junta Central Electoral ni a la Dirección General de Emigración que el Poder Ejecutivo  haya otorgado la responsabilidad del manejo –en el presente caso especial- de todo lo relacionado con el estatus de extranjeros en el país. De manera que esto evidencia que esta vez Medina ha suplantado a dos organismos de funciones que aunque son de sus incumbencias, sus titulares, amparados en sus poderes partidarios, se negaban a cumplir.