Instituciones oficiales y privadas desairan a Roberto Rosario

La Superintendencia de Bancos autorizó a las instituciones de esa rama a aceptarles a sus clientes las transacciones que requieran con la llamada cédula amarilla, o la supuestamente caducada, así como en la práctica muchos otros sectores de la economía nacional han continuando operando con sus relacionados comerciales de la misma manera, después del 10 de este mes de enero, fecha límite dispuesta por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, para el uso del documento mencionado.

Al respeto el presidente de la entidad Visión Nacional, el economista Hugo Olmedo Singollén, considera que la disposición de esa autoridad bancaria, como del comercio que requiere para las operaciones con sus clientes la presentación de esa identificación personal (entre ellas las compañías telefónicas, de cables, etc., etc.), constituye un serio revés y un desaire para Rosario, “quien violando la ley que rige para la vigencia de la cédula, se abroga la potestad de legislar para un asunto no sólo de interés nacional, sino también internacional”.

La disposición comentada de la Junta Central Electoral, encarnada en la personal del doctor Roberto Rosario, ha dado lugar a críticas de diversos sectores del país, pues fue dictada en los días festivos de la Navidad, y con el plazo de apenas 20 días. Situación que ha dejado a cerca de dos millones de ciudadanos sin la nueva credencial y por consecuencia sin poder llevar a cabo procedimientos en muchas áreas importantes, a pesar de las facilidades mencionadas.

“Pero es que además –agrega el economista Olmedo Singollén- esa disposición draconiana e insensible del presidente de la junta, lleva a paralizar la economía y el desarrollo del país, ya que si no se pueden realizar funciones en el mundo de las finanzas, de los servicios oficiales y del comercio, no hay circulación de dinero en gran medida, e incluso hasta el mismo gobierno deja de percibir millones de pesos por razones de impuestos, aranceles, atc.”

Como es sabido el titular de la misma Junta Central Electoral, doctor Eddy Olivares, ha denunciado por distintos medios que la conflictiva decisión del titular del organismo viola flagrantemente la ley que rige el uso de la carné personal de identidad, pues ella estipula una vigencia de diez años para su validez, período que no se ha cumplido con la que ha estado (o estaba) en uso hasta el presente.

“Para la buena marcha del país sería mucho más provechoso que el doctor Roberto Rosario explicara con verdadera transparencia ese pago de 80 millones de pesos que la junta erogó para la confección de la cédula a la empresa Somos, y de lo cual ha habido mucha sospecha”, subrayó el presidente de Visión Nacional.