Mundo exterior pone de rodilla a RD
Responsabilizan Leonel, Guevara, Rosario, Vincho y otros
Por Humberto Olivieras
La envestida del mundo exterior contra la República
Dominicana por las medidas del Estado sobre los dominicanos de ascendencia
haitiana ha sido de tal magnitud que en los meses centrales del 2015 ha
mantenido en vilo al gobierno, en total coyuntura de defensión.
La conmoción ha sido tal que virtualmente la estructura
gubernamental en un porcentaje muy elevado ha tenido que dedicar tiempo, energía
y recursos para defenderse y no caer en un mayor desprestigio. Todo lo cual
implica, además del estigma de Estado fallido, la perdida de valiosas
relaciones internacionales y con ello de grandes beneficios económicos.
Los conceptos son del economista Hugo Olmedo Singollén,
presidente de la institución civil, Visión Nacional.
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| Francisco Guerrero, Rep. de la OEA y canciller Navarro. |
Todo el magno problema comenzó con la sentencia 68-13 que
emitiera el 25 de septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional presidido por
el doctor Milton Ray Guevara, por medio de la cual se les desconoce la
nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en el país desde el
1929.
“Y para nadie es un secreto que esa famosa sentencia fue
una elaboración de Vincho Castillo y sus adláteres dentro del tren
gubernamental, del mandamás de de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario,
bajo la egida del ex presidente Leonel Fernández, que fue quien los nombres a
todos ellos”, expuso el activista civil.
A partir del dictamen en cuestión la JCE despojó de sus
documentos legales a cientos de miles de haitianos, tanto de los dominicanos
por nacimiento como de trabajadores inmigrantes.
El gobierno emitió dos tipos de decretos en los que se
planteaban sistemas de regulación legal para los afectados por la sentencia del
TC, pero las condiciones eran tan complicadas y costosas que impedían el que la
mayoría lograra finalizar la inscripción de lugar.
A todo esto voceros oficiales hablaban de que se harían
deportaciones masivas a partir del 17 de junio, fecha tope para que los domínico-haitianos,
por un lado, y simples inmigrantes por otra parte, completaran el tortuoso
proceso de su documentación final.
Ante toda esta situación en el exterior, comenzando por las
islas afroantillanas del Caribe y siguiendo por los Estados Unidos y Europa, se
fue desarrollando una especie de tsunami de críticas y presión contra la República
Dominicana por considerar que el país estaba cometiendo un tipo de limpieza étnica
contra los haitianos, al estilo de Hitler contra los judíos, lo cual llegó a tal
escalada que alcaldes como el de Nueva York, de Boston, de Toronto, de Miami y
otras figuras trascendentes pidieran un boicot turístico contra el país.
Y como es sabido ante estos abiertos ataques contra el gobierno
y el país, la Administración se sintió acorralada y desesperadamente comenzó a
flexibilizar todo el andamiaje contra la inmigración haitiana y sus
descendientes en el país, devolviendo Roberto Rosario 55 mil documentos de los que
habían despojados a domínico-haitianos, y ofreciendo autobuses con aire
acondicionado a los que quisieran voluntariamente regresar a su patria de
origen, e incluso camiones para la mudanza de sus ajuares hogareños.
Por otra parte el canciller Andrés Navarro se disparo aceleradamente
a puntos críticos del exterior para explicar, junto a los embajadores correspondientes, el
proceso regulatorio que se ha estado llevado a cabo.
Asimismo de una asamblea en la Organización de Estados Americanos
(OEA), en la segunda semana de julio, en las que se vertieron graves
acusaciones contra el Estado dominicano, se determinó la salida de manera
urgente de una comisión del organismo para visitar al país y verificar lo que
estaba ocurriendo. Ocasión en la que el gobierno, con una condescendencia
extrema, ofreció todos los detalles y facilidades que requirió la misión.
Actitud que contrasta con lo sucedido al representante de
Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), José Miguel Vivanco,
cuando en su reciente visita al país fue retenido en el aeropuerto (lo que
implicó la pérdida de su vuelo) tras el argumento de que habían confundido su
nombre con el de otra persona con impedimento de salida del país.
“Los Leonel Fernández, Vincho, Guevara, Roberto Rosario e
incluso el cardenal López Rodríguez, creen que todavía estamos en los tiempos
de Concho Primo, cuando los perros se amarraban con longaniza. Hoy ni en su
casa ni en su nación uno puede hacer lo que le venga en ganas, pues primero,
hay que respetar los derechos humanos, en segundo lugar, sus propias leyes y constitución,
y en tercer lugar los tratados internacionales”, abundó el dirigente de Visión
Nacional, para acotar:
“A la República Dominicana le asiste el derecho de
regular e incluso de deportar a quienes estén ilegal en su territorio, pero jamás
a desnacionalizar a dominicanos por nacimiento, a menos que sean hijos de diplomáticos;
y ese ha sido el verdadero problema”.
Por Humberto Olivieras
