Mundo exterior pone de rodilla a RD

Responsabilizan Leonel, Guevara, Rosario, Vincho y otros

 

Por Humberto Olivieras

 La envestida del mundo exterior contra la República Dominicana por las medidas del Estado sobre los dominicanos de ascendencia haitiana ha sido de tal magnitud que en los meses centrales del 2015 ha mantenido en vilo al gobierno, en total coyuntura de defensión.

 La conmoción ha sido tal que virtualmente la estructura gubernamental en un porcentaje muy elevado ha tenido que dedicar tiempo, energía y recursos para defenderse y no caer en un mayor desprestigio. Todo lo cual implica, además del estigma de Estado fallido, la perdida de valiosas relaciones internacionales y con ello de grandes beneficios  económicos.

 Los conceptos son del economista Hugo Olmedo Singollén, presidente de la institución civil, Visión Nacional.

Francisco Guerrero, Rep. de la OEA y canciller Navarro.

 Todo el magno problema comenzó con la sentencia 68-13 que emitiera el 25 de septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional presidido por el doctor Milton Ray Guevara, por medio de la cual se les desconoce la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en el país desde el 1929.

 “Y para nadie es un secreto que esa famosa sentencia fue una elaboración de Vincho Castillo y sus adláteres dentro del tren gubernamental, del mandamás de de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, bajo la egida del ex presidente Leonel Fernández, que fue quien los nombres a todos ellos”, expuso el activista civil.

 A partir del dictamen en cuestión la JCE despojó de sus documentos legales a cientos de miles de haitianos, tanto de los dominicanos por nacimiento como de trabajadores inmigrantes.

 El gobierno emitió dos tipos de decretos en los que se planteaban sistemas de regulación legal para los afectados por la sentencia del TC, pero las condiciones eran tan complicadas y costosas que impedían el que la mayoría lograra finalizar la inscripción de lugar.

 A todo esto voceros oficiales hablaban de que se harían deportaciones masivas a partir del 17 de junio, fecha tope para que los domínico-haitianos, por un lado, y simples inmigrantes por otra parte, completaran el tortuoso proceso de su documentación final.

 Ante toda esta situación en el exterior, comenzando por las islas afroantillanas del Caribe y siguiendo por los Estados Unidos y Europa, se fue desarrollando una especie de tsunami de críticas y presión contra la República Dominicana por considerar que el país estaba cometiendo un tipo de limpieza étnica contra los haitianos, al estilo de Hitler contra los judíos, lo cual llegó a tal escalada que alcaldes como el de Nueva York, de Boston, de Toronto, de Miami y otras figuras trascendentes pidieran un boicot turístico contra el país.

 Y como es sabido ante estos abiertos ataques contra el gobierno y el país, la Administración se sintió acorralada y desesperadamente comenzó a flexibilizar todo el andamiaje contra la inmigración haitiana y sus descendientes en el país, devolviendo Roberto Rosario 55 mil documentos de los que habían despojados a domínico-haitianos, y ofreciendo autobuses con aire acondicionado a los que quisieran voluntariamente regresar a su patria de origen, e incluso camiones para la mudanza de sus ajuares hogareños.

 Por otra parte el canciller Andrés Navarro se disparo aceleradamente a puntos críticos del exterior para explicar,  junto a los embajadores correspondientes, el proceso regulatorio que se ha estado llevado a cabo.

 Asimismo de una asamblea en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la segunda semana de julio, en las que se vertieron graves acusaciones contra el Estado dominicano, se determinó la salida de manera urgente de una comisión del organismo para visitar al país y verificar lo que estaba ocurriendo. Ocasión en la que el gobierno, con una condescendencia extrema, ofreció todos los detalles y facilidades que requirió la misión.

 Actitud que contrasta con lo sucedido al representante de Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), José Miguel Vivanco, cuando en su reciente visita al país fue retenido en el aeropuerto (lo que implicó la pérdida de su vuelo) tras el argumento de que habían confundido su nombre con el de otra persona con impedimento de salida del país.  

 “Los Leonel Fernández, Vincho, Guevara, Roberto Rosario e incluso el cardenal López Rodríguez, creen que todavía estamos en los tiempos de Concho Primo, cuando los perros se amarraban con longaniza. Hoy ni en su casa ni en su nación uno puede hacer lo que le venga en ganas, pues primero, hay que respetar los derechos humanos, en segundo lugar, sus propias leyes y constitución, y en tercer lugar los tratados internacionales”, abundó el dirigente de Visión Nacional, para acotar:

 “A la República Dominicana le asiste el derecho de regular e incluso de deportar a quienes estén ilegal en su territorio, pero jamás a desnacionalizar a dominicanos por nacimiento, a menos que sean hijos de diplomáticos; y ese ha sido el verdadero problema”.